La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, expresó al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, que afectaría un importante río localizado en la zona fronteriza común.
“En este encuentro, la canciller de la República también externo la alta preocupación de nuestro Gobierno con respecto al proyecto de la mina Cerro Blanco. Además, manifestó que elevará el diálogo bilateral, priorizando el bienestar de los salvadoreños”, indicó la Cancillería en un comunicado y en la red social X.
La @CancillerAleHT conversó con el embajador de @EmbajadaGuateSv, Rubén Nájera, a quien le externó la seria preocupación de nuestro Gobierno con respecto al proyecto de la mina Cerro Blanco.
Nuestra funcionaria solicitó crear una comisión técnica binacional y potenciar el… pic.twitter.com/wH1s0uWVwT
— Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) January 24, 2024
Agregó que Hill “solicitó crear una comisión técnica binacional y potenciar el diálogo bilateral alrededor de este tema, con el objetivo de garantizar el bienestar de los salvadoreños”.
La empresa canadiense Bluestone Resources Inc. informó el 18 de enero pasado que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala autorizó el cambio de mina subterránea a mina de cielo abierto, lo que afectaría el cause del río Lempa, el más importante de El Salvador y limítrofe con Guatemala.
Indicó que el Ministerio de Energías y Minas “también ha actualizado, mediante resolución, la licencia minera aprobada del proyecto para reflejar la modificación del permiso ambiental y el cambio al método de minería a cielo abierto”.
Según la empresa, este proyecto producirá 2,6 millones de onzas de oro durante la vida útil, planificada inicialmente para 14 años.
En febrero de 2013, el entonces presidente Mauricio Funes anunció la creación de una comisión que analizaría el eventual impacto de una mina de oro en el lago Güija y el río Lempa.
El río Lempa es el más largo de Centroamérica con una longitud de 422 kilómetros, su cuenca abarca a Guatemala, Honduras y El Salvador y es utilizado principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la época, Oscar Luna, y grupos ambientalistas locales pedían acciones al Gobierno salvadoreño para evitar la contaminación de fuentes de agua.
Se desconoce hasta la fecha los resultados de dicha comisión y de la solicitud que hizo Luna en su momento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpusiera sus buenos oficios para prevenir los impactos ambientales en aguas salvadoreñas.
El proyecto de la mina de oro Cerro Blanco se encuentra en Jutiapa (Guatemala), cerca de la frontera con El Salvador.